Artículo de opinión de Javier Amador
El 9 de noviembre del pasado año se realizó la consulta sobre la independencia de Cataluña que supuso uno de los mayores ataques a la democracia española, a las reglas de juego que nos hemos dado como sociedad. Puede tachar alguien de contradictorio que preguntarle a la gente sea calificado como antidemocrático, pero lo cierto es que la ley y la norma están y deben estar siempre por encima del capricho consultivo del político de turno. Este martes el gobierno municipal realizó una consulta para que los vecinos votasen si querían cambiar el nombre de la calle Juan Rejón por “La Carretera”. La diferencia sustancial entre estas dos consultas, más allá de la relevancia de cada una, es que la de Las Palmas de Gran Canaria se hizo respetando la ley. A pesar de esto, creo que este proceso hizo aguas y que se atentó contra valores democráticos esenciales como es el de la igualdad entre los ciudadanos.
¿Por qué los vecinos de la Isleta han podido votar sobre el cambio de nombre de su calle mientras que los vecinos de Tafira no pueden votar sobre la obra que se está realizando para municipalizar la GC-111? Si un señor o señora que resida en Pedro de Vera quiere cambiar de nombre su calle por no rendir homenaje a un conquistador malo malísimo, ¿Dónde debe pedir que se haga una consulta y qué requisitos debe cumplir? ¿Cuáles son los criterios para decidir si un asunto debe ser consultado o no?
Javier Amador, concejal de Ciudadanos (C´s) y portavoz en el Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los problemas de la gente no pueden estar sometidos al arbitrio y al interés del concejal de Participación Ciudadana. Tenemos que modificar nuestro vago y poco concreto reglamento para que en Las Palmas de Gran Canaria exista una norma clara que permita que se puedan realizar muchas consultas más, pero en un marco objetivo y de igualdad entre todos los ciudadanos. Debemos determinar qué nivel de arraigo necesita tener una propuesta para no caer en el absurdo de que 800 personas decidan sobre el cambio de nombre de una calle que, lejos de traer consecuencias triviales, genera un trastorno administrativo importante y perjudica a los comerciantes de la zona.
Esta ha sido la primera consulta, pero dice el equipo de gobierno que vendrán muchas más. ¿En qué condiciones? ¿Usarán las repudiadas hasta ahora nuevas tecnologías para hacer la participación mucho más accesible y cómoda? ¿Serán vinculantes o serán tratadas como meras encuestas? El gigante de la participación ciudadana quiere llegar a nuestra ciudad, pero por el momento lo único que veo son molinos de los de siempre. Ahora son rojos, morados y verdes mas no dejan de ser molinos.
Javier Amador es concejal de Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.