- El diputado de Cs en el Parlamento regional solicitará un refuerzo de la farmacia en la era de la salud digital y secundará la habilitación de un teléfono gratuito para atender a víctimas de delitos de odio
El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, apoyará en el próximo pleno la exención de la tributación en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas en el sector primario que reciban los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Esta es una de las iniciativas en las que el diputado de Cs votará a favor esta semana, debido “a la necesidad de compensar las pérdidas ocasionadas por la erupción del Volcán Cumbre Vieja”, matiza.
Otra de las propuestas que avalará el portavoz de Cs es la necesidad de avanzar en el desarrollo de la economía digital en el Archipiélago. Así, pone de manifiesto que “este sector servirá de soporte estratégico para implementar proyectos que recuperen y transformen la economía de las Islas”.
En este sentido, recuerda el avance que está teniendo en los últimos tiempos el uso de las nuevas tecnologías y del comercio electrónico, lo que hace necesario el fomento de todas las herramientas que permitan la transformación y el crecimiento económico basado en la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la innovación y la digitalización para fomentar la creación de empleo.
Durante las sesiones plenarias de la Cámara regional también se debatirá sobre el empleo en el sector turístico, las repercusiones que puede tener en la economía canaria la guerra en Ucrania o la petición de la puesta en marcha de la conexión marítima entre las llamadas Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro).
El diputado explica que tanto las cifras de parados como las dificultades de las empresas para encontrar personal son elevadas, “una contradicción que hace necesaria adoptar de forma urgente medidas que permitan cubrir las ofertas de empleo y reducir la cifra de parados”, señala. Así, aunque valora los buenos datos de empleo en el sector turístico, apunta que es “imprescindible” apostar por la formación y las políticas activas de empleo para adaptar la oferta de trabajo a la demanda.
En cuanto a la previsión de crear una conexión marítima entre las Islas Verdes, el diputado liberal explica que “la merma en la conectividad puede convertirse en un condicionante para la cohesión territorial y el desarrollo social y económico, especialmente en islas que sufren la doble insularidad”. Por ello, señala que se necesita aplicar una solución inmediata por parte de las administraciones públicas canarias.
El portavoz parlamentario insta al Gobierno de Canarias a coordinar con las distintas navieras que operan en el Archipiélago la posibilidad de establecer líneas que conecten vía marítima entre las Islas Verdes. Además, señala que es preciso buscar fórmulas que permitan responder a este servicio público.
Por otro lado, Ricardo Fernández de la Puente presentará una Proposición No de Ley (PNL) para promover un refuerzo de la farmacia en la era de la salud digital. En ella, destaca la importancia de la inclusión de la red de oficinas de farmacia en el nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) y de aprovechar el potencial de las farmacias para impulsar la transformación digital del sistema sanitario.
En otro ámbito, Fernández de la Puente también apoyará la habilitación de un teléfono gratuito para atender a las víctimas de delitos de odio, a través del que se ofrezca orientación y asistencia jurídica especializada en materia de igualdad de trato y no discriminación. Pero, además, insta a que este servicio proporcione a los usuarios información sobre los trámites y plazos existentes para tomar las medidas más apropiadas para cada caso.
Así, explica que se debe actuar en base a tres ejes: la prevención de los procesos de radicalización incipientes, la persecución y el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los colectivos que utilizan o legitiman la violencia. Por ello, reclama la colaboración de todas las administraciones públicas y la sociedad para mantener la seguridad y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.