• La formación denuncia “la ausencia total de apoyo y la falta de coordinación de la administración local para evitar los desahucios de viviendas públicas”

Iván Sánchez, responsable de política municipal de la agrupación de Cs en Telde

La agrupación local Ciudadanos (Cs) Telde ha registrado en el ayuntamiento varias propuestas de mejora de las condiciones de viviendas en alquiler de personas en situación de vulnerabilidad. Al respecto, la formación naranja ha señalado que “los hechos muestran que ante las promesas políticas y buenas intenciones, los juzgados siguen fallando a favor de la empresa pública VISOCAN SA”, y “desahuciando a familias, aún cuando no exista alternativa habitacional y se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad”.

El responsable de política municipal de Cs Telde, Iván Sánchez, ha hecho referencia a la  historia de Ana Hernández, una madre de tres hijos, uno de ellos recuperándose de una leucemia, que iba a ser desahuciada de una vivienda pública el día 15 de Diciembre. Afortunadamente, gracias a la campaña promovida en redes sociales por Carlos Carreño y a Arístides Rodríguez se pudieron recaudar los fondos necesarios para ayudar a esta familia a pagar su deuda y evitar el desahucio.

Por ello, y “ante la falta de humanidad de la administración autonómica, especialmente de la Consejería de Asuntos Sociales”, así como por “la ausencia total de apoyo del Ayuntamiento de Telde y la falta de coordinación y de protocolos efectivos para evitar desahucios de viviendas públicas”, Ciudadanos ha presentado varias propuestas para “evitar que se sigan produciendo situaciones como la de Ana Hernández”.

En este sentido, la formación naranja ha instado al Ayuntamiento de Telde a “crear un Protocolo de Seguimiento de las familias que tengan una vivienda en alquiler Social con la empresa pública VISOCAN SA”, con  objeto de “tener conocimiento desde el primer momento en que no puedan hacer frente al pago del alquiler y recabar la información necesaria para solventar esta situación”.   En definitiva, “no esperar a que sean los beneficiarios del alquiler social quienes soliciten ayuda, sino ofrecerla desde la administración anticipadamente”, y, en su caso, “iniciar una mediación entre el arrendador y las propias familias que evite que sean demandas por impago ante los tribunales de justicia”.

 

Otra de las propuestas es “crear una Unidad de Gestión Operativa dotada de presupuesto anual”, para “prestar asesoramiento legal a las familias en caso de ser demandadas por impago de cuotas de su vivienda de alquiler social”, y también “una orientación sobre las distintas ayudas u organismos que las ofrecen”,  para que, “ante cualquier eventualidad o cambio en sus circunstancias personales que las pudieran hacer beneficiarias de este tipo de prestaciones, puedan solicitar dichas ayudas”.