Artículo de Opinión de Javier Rodriguez.
Ante la situación creada por este grupo de gobierno ( Nc-Psoe y D. Juan Martel), debida a la contratación de los Agentes de Desarrollo Local, que se realizó pese a tener un informe negativo de intervención, una vez más hemos de manifestar nuestro total apoyo, tanto a la Sra. Interventora como a la Sra. Tesorera. En este asunto, como en el resto del ordenamiento económico que están efectuando, así como en los procedimientos administrativos, y en las formas, la Interventora está salvaguardando la legalidad vigente y el interés general de los ciudadanos del municipio de Telde.
En el caso concreto de la contratación de los ADL, nos hubiera gustado conocer el proceso selectivo, que culmino con el despido de tres ADL con más de 15 años de experiencia, y la contratación del nuevo personal. ¿Se valoró la experiencia Laboral u otros condicionantes menos confesables?
Sabemos de la buena predisposición de las Habilitadas Nacionales para resolver los problemas administrativos del día a día, pero entendemos, que no se dejen amedrentar por las imposiciones que vienen desde el grupo de gobierno, y traten de hacer respetar la legalidad.
Sentimos que en este desaguisado se vean envueltas 5 familias, que llevan 8 meses sin percibir sus salarios, y del que solo se puede responsabilizar a las personas que dieron el visto bueno a la contratación sin haber un informe favorable de Intervención.
Tampoco debemos obviar que toda esta situación está generada por la corporación actual porque tiene su origen en el despido de las agentes de desarrollo local que venían realizando su labor con profesionalidad y a las que los tribunales de justicia han dado lógicamente la razón, calificando su despido como improcedente y como consecuencia debemos afrontar los gastos del litigio y las indemnizaciones una vez más los ciudadanos de este municipio. Las indemnizaciones a las que condenan a este ayuntamiento a pagar, equivalen al salario de dos años y medio aproximadamente por cada trabajadora despedida de forma improcedente, cuando de haber permanecido en sus puestos, el municipio se podría haber ahorrado casi un 50% de su sueldo porque así está previsto en la subvención que hemos dejado de percibir. Es en este punto donde resulta más incomprensible la decisión tomada de despedir a las antiguas ADL, porque no sólo han ganado el juicio y hay que indemnizarlas, sino que no se puede recibir ninguna subvención (que cubría hasta 20.500€ anuales para el sueldo de cada trabajadora) , por no cumplir los requisitos de formación exigible al personal que se ha puesto en su lugar, los cuales según el propio decreto se “deben encargar única y exclusivamente de hacer las tareas propias a los objetivos establecidos en la convocatoria”.
¿Tienen la formación académica y la experiencia acreditada los nuevos ADL? ¿Se acoge a la legalidad emplear la subvención para pagar a dos trabajadores/as en lugar de los cinco para los que se solicita? ¿Se acoge al decreto para recibir la subvención colocar a personal adscrito a otras concejalías? ¿ Se ha presentado el escrito firmado por los trabajadores para realizar solo tareas propias para poder ser personal adscrito al Prodae? ¿ Se ajusta a la legalidad que tres de los nuevos ADL estén percibiendo sus nóminas por el Capítulo I y otros dos no hayan cobrado todavía?.
Entendemos que estas y otras preguntas son las que deben responder los responsables municipales a la Interventora y por supuesto ante todos los Teldenses. Mientras tanto , una vez más , seguimos perdiendo subvenciones, seguimos perdiendo oportunidades y seguimos empleando tiempo y recursos de todos en salvaguardar intereses partidistas.
Javier Rodríguez forma parte del consejo local de ciudadanos Telde.