• Ricardo Fernández de la Puente hace un llamamiento para que Estado, Gobierno de Canarias, Cabildos y ayuntamientos junto con las empresas trabajen para lograr normas eficaces y que beneficien a toda la ciudadanía

 

El portavoz y diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias (Cs), Ricardo Fernández de la Puente, espera que las normativas para el acceso a las ciudades de más de 50.000 habitantes, que deberán instaurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 2023, tengan en cuenta el acceso a los vehículos de transporte de mercancías y se creen reglas similares en todos los municipios.

El diputado recuerda que, según el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, son los propios ayuntamientos quienes deberán fijar qué vehículos tendrán el acceso restringido a dichas zonas. Sin embargo, apunta, “el transporte de mercancías es esencial para la supervivencia del comercio y la hostelería, por lo que es más lógico que todas las ciudades cuenten con criterios homogéneos”.

En Canarias, los municipios que deberán implementar normativas para restringir el acceso de vehículos más contaminantes son: Arona, Arrecife, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana y Telde.

Para Fernández de la Puente, “todas ellas, al igual que el resto de los espacios más poblados del país, deben tener condiciones similares, al menos en lo que al tráfico de mercancías se refiere, ya que se corre el riesgo de que las empresas se vean perjudicadas según el territorio en el que se ubiquen”. Con estas declaraciones, se une a la petición de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que ha demandado que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible favorezca la armonización de las reglas en esta materia.

El objetivo de esta normativa es fomentar la sostenibilidad del transporte en las ciudades más pobladas, promoviendo el uso de vehículos menos contaminantes. Desde Cs en el Parlamento de Canarias están de acuerdo en la implementación de medidas que favorezcan el cumplimiento de estos objetivos y que lleven a las ciudades hacia un modelo social y económico más sostenible.

Sin embargo, en el caso concreto de las ZBE, Ricardo Fernández de la Puente apunta a la necesidad de que Estado, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos junto con el empresariado trabajen para crear normas eficaces que redunden en un beneficio común de todas la ciudadanía. “No tendría sentido que las restricciones de acceso a estas zonas para los vehículos de transporte de mercancías sean diferentes en cada región cuando todos cumplen con un mismo servicio”, señala.