- Ricardo Fernández de la Puente considera que la normativa, que supera las exigencias europeas, podrá limitar la competitividad de las empresas en el mercado internacional
El diputado y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, lamenta que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que fue aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, ejerza aún más presión sobre los empresarios, teniendo en cuenta “el complicado momento” que viven como consecuencia de la crisis en la que están inmersos desde el inicio de la pandemia.
Ricardo Fernández de la Puente entiende la importancia de contar con normativas que promuevan la sostenibilidad y la economía circular, y valora que el Estado haya avanzado en este campo para adaptarse a los requerimientos de Europa en materia de protección medioambiental. Sin embargo, considera que “este no es el momento para dar el visto bueno a una ley que supera los criterios europeos y que obligará a los empresarios a tener que invertir más en sus negocios para lograr su cumplimiento”.
En este sentido, expone el diputado, “lo sensato sería que dicha norma exigiera los mismos criterios que Europa, para evitar sobrecostes a las empresas”. Así, señala que “una norma aún más exigente pondrá en riesgo la competitividad de nuestras empresas a nivel internacional, al tener que destinar mayores recursos para su cumplimiento”. Con estas palabras, además, Fernández de la Puente muestra su apoyo a la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC), que ha alzado la voz para criticar el daño que provocará al sector esta nueva normativa.
Para el portavoz de Cs, es importante crear una mayor concienciación ciudadana y empresarial, que promueva el desecho de los productos plásticos de un solo uso, la gestión de residuos y limite las actividades contaminantes para favorecer la protección del medioambiente. Pero recuerda, al tiempo, que “es el momento de que las instituciones públicas se pongan de lado del empresariado para lograr salir juntos de más de dos años de crisis, en los que se han encadenado las consecuencias de la pandemia, con el encarecimiento de la electricidad y los efectos económicos de la guerra en Ucrania”, apunta.
Por ello, pone de manifiesto que “lo más adecuado hubiera sido cumplir con las exigencias de la Unión Europea para que nuestro sector empresarial tuviera las mismas oportunidades que el resto. Solo así competirán en igualdad de condiciones”.