• Ruymán Santana asegura que “se ha hecho un traje a medida con un proceso opaco al que finalmente solo se presentó Sánchez Araña”

 

Ruymán Santana, consejero de Cs en el Cabildo de Gran Canaria

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Gran Canaria, Ruymán Santana, ha manifestado que estudia “llevar a la fiscalía anticorrupción el proceso de contratación del director asistente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), Rafael Sánchez Araña”, para quien, “según los documentos que manejamos, se hizo un concurso a medida”.

 

La formación naranja había denunciado esta semana que tanto el contrato adjudicado al director titular, Karel Mark Chichon, como el del propio Rafael Sánchez Araña, director asistente y de la Joven de Orquesta Gran Canaria (JOGC), eran nulos de pleno derecho. En el caso del director grancanario, natural de Agüimes, “para subsanar esa anomalía, convocaron un concurso negociado sin publicidad al que invitaron únicamente a tres candidatos”, entre ellos “el propio Sánchez Araña, que ya había desempeñado esa función”, ha señalado.

 

El contrato adjudicado corresponde a la prestación de servicios como director asistente de la OFGC, director de la Joven Orquesta y director artístico de los Conciertos Escolares durante dos años (prorrogables a otros dos), por un valor estimado de 158.000 euros. 

 

Santana ha considerado “muy sospechoso y opaco” el proceso llevado a cabo, ya que “los otros dos candidatos invitados a este procedimiento, dos ciudadanos italianos, Sesto Quatrini y PierAngelo Pelucchi, desistieron por problemas personales”. El portavoz naranja ha solicitado en el Cabildo información para esclarecer “quién propuso a los aspirantes y la documentación que justifique que estas tres personas cumplían los requisitos necesarios para cubrir esos puestos”.

 

El portavoz en la Corporación Insular ha añadido que “no entendemos que, una vez se retiran los dos candidatos italianos, la OFGC no invitara a otros posibles aspirantes y decidiera adjudicar la plaza al único que permaneció en el proceso”. Asímismo, Santana se pregunta “por qué el único canario de la terna es Sánchez Araña”, a la vez que tampoco se explica “que no se hiciera oferta alguna a otros jóvenes directores españoles con experiencia previa en la dirección de la propia OFGC, que los hay”, y, sin embargo, “sí se invitara a uno que no lo ha hecho nunca”.

 

Sánchez Araña inició su vínculo con la OFGC en el año 2017, en el que se le hicieron tres contratos diferentes (negociados sin publicidad), uno como director asistente, otro para dirigir los conciertos escolares y el tercero para la JOGC, por un valor total de 49.000 euros. La Auditoría de Cumplimiento del Cabildo estimó que el contrato podría ser susceptible de contratación laboral encubierta. En 2018, y a pesar de lo que advertía esa auditoría (que tiene carácter definitivo), el Cabildo repitió el mismo procedimiento para contratar a Sánchez Araña, por una cuantía de 42.909 euros. La Auditoría de Cumplimiento de ese año vuelve a alertar de las mismas anomalías.

 

En 2019 la OFGC no adjudica ningún contrato a Sánchez Araña, que siguió facturando por su labor a pesar de que las cantidades no estaban soportadas por contrato alguno. Y ya en 2020, se realiza el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios.

 

Para Ruymán Santana, “este asunto está empezando a exigir trasparencia y una explicación inmediata del gobierno que preside Antonio Morales”, y “urge” que la Comisión Ejecutiva que preside la consejera socialista Guacimara Medina y de la que forman parte también Miguel Ángel Pérez del Pino (vicepresidente, PSOE) y Sara Ramírez (Unidas Podemos), empiece a “depurar responsabilidades en una organización que nos cuesta a los grancanarios más de 8 millones de euros al año”.

 

En esta misma situación se encuentra el director titular, Karel Mark Chichon, que también se encuentra en situación irregular y cuyo expediente podría seguir el mismo camino que el de Sánchez Araña, “hemos solicitado copia de las facturas emitidas por el director titular de la OFGC, queremos saber exactamente si se ha respetado el ámbito de las funciones que figuran en su contrato, o si, por el contrario ha realizado trabajos dentro de la propia fundación que no se ajustan a derecho”.