- Saúl Ramírez (Cs) se interesa también por “las medidas que va a aplicar el Ejecutivo para garantizar que se cumplan la directiva de evaluación de impacto ambiental y la directiva sobre hábitats”
Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Las Palmas y portavoz en Gran Canaria.
El diputado de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, ha registrado una pregunta en la Cámara Baja, para la cual ha solicitado respuesta por escrito, en la que ha pedido información al Gobierno de España sobre “la apertura por parte de la Comisión Europea (CE) de un expediente sancionador por la falta de evaluación de impacto ambiental en un complejo hotelero en la localidad de Majanicho (Fuerteventura)”.
Saúl Ramírez, diputado de Cs por la provincia de Las Palmas
Al respecto, Ramírez ha explicado que la Comisión Europea en su escrito ha destacado que “el proyecto se aprobó sin determinar adecuadamente la necesidad de una evaluación ambiental previa, y sin la apropiada evaluación de impacto de los efectos en las zonas de protección especial, tal y como exige la directiva relativa a los hábitats”.
A ello, hay que sumar que a pesar de que el plan “fue declarado nulo y sin efecto por los tribunales españoles, las obras de construcción no fueron suspendidas”, sino que se realizaron con un proyecto de modificación.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha instado al Gobierno de España a que “garantice la conformidad con las directivas europeas cuando se legalicen estas construcciones, con arreglo a la legislación autonómica de Canarias”, y para ello, ha dado un plazo de dos meses al Ejecutivo para responder.
Por todos estos motivos, el diputado de Cs por la provincia de Las Palmas le ha preguntado si “tiene conocimiento de que la aprobación del proyecto hotelero se hizo sin que se realizasen las evaluaciones ambientales previas impuestas por la normativa europea”.
Asimismo, ha pedido información sobre “por qué no se pararon las obras de construcción cuando la justicia sentenció que el proyecto era nulo”, y sobre “qué medidas piensa contemplar el Gobierno para que se cumpla la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la directiva sobre hábitats”.
En cualquier caso, Ramírez ha apuntado que “se trata de que desde la administración aclaren si se ha incumplido o no con la normativa”, y lo que es peor “por qué no se ha evitado llegar hasta esta situación”, cuando había una sentencia judicial.