Artículo de opinión de Beatriz Correas
Llámese como se llame, el caso es que existe un comité, cuyo nombre correcto es “Comité de Gerencia de los Accionistas Privados” en donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (accionista mayoritario de EMALSA), no está representado y, por supuesto, no es un comité delegado del consejo de administración. Un comité que sí tiene calendario de reuniones: un mínimo de cuatro reuniones al año y, siempre, con anterioridad a una junta de accionistas o a un consejo de administración de EMALSA. Las decisiones que se toman se consignan en acta, junto con las intervenciones de las que expresamente se solicite constancia y donde la persona que actúe de presidente certificará bajo su responsabilidad la asistencia y participación de sus miembros en el acta que se levante de la sesión.
Este comité se reúne, curiosamente, en Madrid, algo que no llego a entender cuando la sede de la empresa objeto de los debates está en Las Palmas de Gran Canaria. Sus razones tendrán.
Y, ¿cuáles son las funciones de este “comité”? Principalmente consensuar las posturas de la parte privada (que suman el 66% de EMALSA), la coordinación entre los socios privados de EMALSA para el ejercicio de la función de gestión de la sociedad que tienen encomendada, deliberarán sobre, entre otras, las siguientes decisiones:
- Nombramientos y ceses de directivos
- Modificación de tarifas
- Adquisición de bienes inmuebles
- Adjudicaciones de contratos de obra, servicio o suministro
En el caso de los nombramientos de directivos, serán ellos los que propongan al consejo de administración el director general, se le otorgarán las funciones necesarias y también se le pondrán limitaciones. Es decir, cuando el director general tenga que tomar decisiones sobre contratación de personal, operaciones financieras o adjudicaciones, por ejemplo, y siempre que superen un umbral económico, tendrá que tener el visto bueno del socio privado que no propuso el nombramiento de dicho Director.
¿Y por qué les cuento todo esto? Muy sencillo, cuando los socios privados toman decisiones conjuntas, sumando el 66% del EMALSA, poco puede hacer o decir nuestro ayuntamiento, aunque tenga el 34 % de las acciones y sea el socio mayoritario. Este acuerdo de creación de “comité” es un claro ejemplo de quién tiene el control de EMALSA, de quién hace y deshace, de quién otorga subcontratas y quién decide los contratos de alquiler y/o compra de inmuebles. Está claro que, independientemente de que todo se lleve al Consejo de Administración de EMALSA, de que nuestro querido alcalde sea el Presidente de dicho consejo, de que, además, tengamos a tres representantes más del consistorio, las decisiones ya están tomadas y son los socios privados (SAUR y VALORIZA) quienes tienen la última palabra. No hay ni que decir, que son estos mismos socios los que controlan SERCANARIAS, empresa que no solo es responsable del saneamiento, sino también del cambio de contadores, de las averías, de la limpieza de los depósitos,…
No pongo en duda la buena fe de estas empresas pero, ¡ojo! cuando no se lleva un control sobre lo que los representantes hacen y deshacen se puede llegar a situaciones como la que estamos viviendo ahora: causa abierta por un delito societario donde hay 15 imputados entre los consejeros de EMALSA, incumplimientos contractuales valorados en más de 20 millones de euros (según los informes de la Intervención) y, de repente, EMALSA reclamando 88 millones de euros en beneficios no distribuidos, que se olvidó de solicitar durante 22 años. Demasiado baile de millones para un lado y otro sin que quede constancia en ninguna acta. Ahora como si fuese un juego de ilusionismo, el “comité” que decide tampoco existe…
Sr. alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y presidente del Consejo de Administración de EMALSA, me voy a tomar la libertad de hacerle algunas sugerencias y disculpe mi atrevimiento, pero le rogaría:
- Que solicite el cese inmediato de todos los consejeros de EMALSA que están imputados, sean quienes sean y ocupen el cargo que sea.
- Si este “comité”, que sabemos que no es delegado del consejo de administración, se reúne en Madrid, le rogaría que confirme que no es la propia EMALSA, la que corre con los gastos de desplazamiento y alojamiento de las personas que lo forman. Revise las cuentas y facturas en fechas anteriores a cualquier consejo de administración o junta de accionistas.
Algunos pueden decir que miento, insultarme o tacharme de ignorante, cuando lo que leen no es de su agrado. ¡No pasa nada! No me siento insultada por personas cuya trayectoria profesional deja mucho que desear. El único sentimiento que me pueden inspirar es el de pena y/o lástima hacia aquellos que utilizan los insultos cuando no tienen argumentos. Por cierto, el único Cum Laude que se me puede achacar es el que obtuve en mi tesis doctoral.
Buenos días e intenten ser felices
Beatriz Correas Suárez es concejal de Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.