• Teresa Berástegui (C´s) advierte del “daño que causa en pymes y autónomos que se llegue hasta a triplicar el margen legal fijado por el Ministerio de Hacienda”

La portavoz municipal de Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Teresa Berástegui, ha denunciado este jueves la “irresponsabilidad“ del consistorio municipal al no haber corregido “los reiterados atrasos en el pago a proveedores”, que en ocasiones llegan a triplicar el plazo máximo legal fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de su Ley de Estabilidad Presupuestaria.

 

La concejal y portavoz municipal de Ciudadanos (C´s) en La Laguna, Teresa Berástegui

La concejal y portavoz municipal de Ciudadanos (C´s) en La Laguna, Teresa Berástegui

 

Ante el reciente cierre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, la concejal ha subrayado el “daño y la incertidumbre” que los atrasos continuados “pueden ocasionar en las frágiles economías de muchas pequeñas empresas y autónomos”. A su vez, ha recalcado el “alto precio” que acarrea para las arcas municipales “tener que emplear más dinero de los ciudadanos para abonar incrementos por retardo a causa de su mala gestión”.

 

En la misma línea, la edil ha lamentado que el Ayuntamiento del municipio “destaque por dudosos méritos como estar considerado uno de los que más retardo en el pago acumula en la provincia”. Como muestra, en 2015 el consistorio llegó a emplear 170 días de media para abonar una factura que “podía pasar hasta por 40 manos antes de ser liquidada, lo que demuestra su descontrol”.

 

Para la portavoz municipal de C’s, estos hechos evidencian que el Ayuntamiento “incumple reiteradamenteuno de los parámetros económicos más importantes para medir la salud financiera de una institución pública”. Al respecto, ha añadido que es “inconcebible que no se haya avanzado nada en este sentido tras años de reclamaciones”. 

 

Asimismo, Teresa Berástegui ha recordado que depende de que el Consistorio lagunero cumpla este parámetro “que el Estado autorice al municipio a llevar a cabo medidas de reactivación económica, como la bonificación de algunos tributos”.