Artículo de opinión de Beatriz Correas
El concepto de gobernanza, o buen gobierno, no es nuevo aunque últimamente se utiliza de forma creciente. Se puede definir como el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
Está claro que en los tiempos en que vivimos y vista la ineficacia del gobierno tradicional, es necesaria una reeducación del concepto de gobernar, en donde las instituciones públicas no queden al margen de la realidad social e interactúen con el objetivo de llevar a cabo un proyecto dirigido al ciudadano. Debemos ser conscientes también que las grandes multinacionales, cuyos presupuestos superan incluso al de muchas instituciones públicas, pueden llegar a obtener una cuota de mercado, imponiendo así sus criterios por encima del beneficio del ámbito de la administración pública.
Un buen gobierno debe tener ocho características principales: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia/sensibilidad.
En el caso de la legalidad, el buen gobierno necesita que su marco legal sea justo y que se imponga de forma imparcial. También requiere una protección total de los derechos humanos, prestando especial atención a aquellos que afectan a la minoría. La imposición imparcial de la ley requiere de un poder judicial independiente e imparcial y de una fuerza política incorruptible.
Y, aquí, es donde encontramos el mayor problema en los sistemas de gobierno actuales. No se puede ser juez y parte. Es absolutamente necesario despolitizar aquellos sectores de la sociedad que así lo requieran. El juez que imparta justicia, el empresario que genere riqueza y empleo, y el político que vele por los intereses de los ciudadanos.
Pero cuando un político actúa con doble sentido se puede llegar a la situación en la que estamos en este momento en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde puede tomar decisiones como cargo electo y como miembro de los consejos de administración. Y dichas decisiones pueden estar encontradas.
Si un político ejerce como alcalde, o concejal de gobierno, y también como presidente del consejo de administración de una empresa de cuyo funcionamiento dependen intereses de los ciudadanos… ¿Qué decisiones debe tomar?… ¿Velar por el interés general o por los intereses particulares de la empresa?… Como ya dije, no se puede ser juez y parte.
Esto lo estamos viviendo en nuestro municipio con la participación de nuestro alcalde y tres concejales de gobierno en el consejo de administración de Emalsa. Como políticos deben defender a los ciudadanos y exigir que un bien de primera necesidad, como es el agua, llegue a todos los hogares en la mejor de las condiciones, con unas infraestructuras inmejorables, garantizando la limpieza de las tuberías y, por supuesto, garantizando la mejor calidad del agua.
Como miembros del consejo de administración de Emalsa, defienden los intereses de la empresa y de sus socios.
Ante esta situación me pregunto: ¿Qué es lo que debemos creer?; ¿Trabajan para nosotros o para la empresa?…Cuando hacen declaraciones, ¿Las hacen en calidad de miembros de la corporación o como consejero de Emalsa?
El ejemplo más claro lo tenemos en las declaraciones que el pasado mes de septiembre efectuó el señor Doreste, en las que decía que Sercanarias era la empresa que se montó para saquear a Emalsa. Si Emalsa es la empresa responsable del agua en nuestro municipio, y en la que el ayuntamiento tiene un 34% de participación, podemos llegar a la conclusión de que, según el Sr. Doreste, Sercanarias se montó para saquear a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues si esta es la opinión del señor Doreste y, tanto se nos ha dicho del buen entendimiento que existe entre los socios del tripartito, imagino que también debe ser la opinión del señor Hidalgo, del señor Quevedo y del señor Santana, todos miembros del gobierno de la ciudad y del consejo de administración de Emalsa, porque entiendo además que estas declaraciones las hace el señor Doreste en calidad de gobernante de nuestra ciudad.
¿Cómo se puede entender que el tripartito supuestamente tenga esa opinión sobre Sercanarias, y sin embargo, luego vaya y se abstenga en el consejo de administración ante la petición de los propietarios de la empresa de querellarse contra un funcionario de nuestro ayuntamiento?… ¿Lo hacen cómo representantes del consistorio en Emalsa, o como delegados de la empresa en el ayuntamiento?. Lo único que tengo claro es que no lo están haciendo como representantes del interés general.
Pues esa querella se ha llevado a cabo, y se ha presentado como querella criminal que se dirige contra un técnico municipal por cumplir con el mandato encomendado por la junta de gobierno.
Hay que tener presente que el técnico municipal no decide de “motu propio” comenzar una intervención, se le encomienda este trabajo desde la junta de gobierno del ayuntamiento, por lo tanto se está incriminando al propio consistorio, pero nuestros gobernantes van y se abstienen en la votación.
El principal objetivo de la intervención de Emalsa era comprobar y fiscalizar el trabajo realizado por la empresa mixta, porque el dinero público se debe gastar en beneficio de quienes lo aportan, los ciudadanos, y que si hubiera incumplimiento de contrato debería ser denunciado. Además, y esto es lo realmente importante, los funcionarios tenían encomendado el diseño de un nuevo marco contractual, donde la futura facturación de 1.500 millones de euros en los 28 años restantes que quedan de concesión, quedasen sujetos a los criterios de transparencia y razonabilidad.
El tripartito le ha dado la razón a Emalsa y no al ayuntamiento, prefiere atender al interés de los socios privados y no al general, pero hay algo que me llama muchísimo la atención: si no estaban de acuerdo con la intervención, si creen que se hizo mal, si ni siquiera recurrieron la sentencia en la que se nos obliga a pagar más de siete millones de euros… ¿Por qué, durante el periodo de julio a diciembre del pasado año, no pagaron, estando presupuestado dicho gasto?
Lo dicho, no se puede ser juez y parte.
Beatriz Correas es concejal de Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria