Teresa Berástegui
La publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos sobre la Encuesta de Coste Laboral 2014, nos sitúa en el habitual furgón de cola que a los canarios parece tenernos asignado la maquinaria estatal, para sobrellevar la pesada carga de los parámetros socio-económicos en negativo que nos discriminan, no solo en el contexto nacional, sino lo que es mucho más grave, en el escenario europeo, donde figuramos colgados en la trasera del último vagón como ciudadanos marginados por una gestión demasiado despreocupada por esta condición RUP (Región Ultraperiférica) que, sobre el papel, consta como de trato preferencial, pero en la práctica, los números y los hechos demuestran cierto abandono; con muestras de desidia por la incomodidad geográfica de la distancia para gestionar problemas puntuales como el aquí tratado en el que, a pesar del incremento al alza de un 4%, a contracorriente de la tendencia bajista del resto del Estado, nos sitúa en el farolillo rojo de la mano con Extremadura.
Asumir esta información oficial de 18.000 euros como salario medio de los canarios –frente a 21.780 euros de la media nacional– debe inducir a la reflexión del porqué. ¿Por qué se produce esta diferencia? ¿Dónde radica el problema y dónde se esconden culpas y desidias? Es evidente que algo se está haciendo mal en virtud de unos resultados demasiado frustrantes. No puede ser que la resignación colectiva nos domine; que intentemos sacudirnos las propias responsabilidades acusando por sistema de nuestras penurias al estado central.
Se supone que todas y cada una de las competencias transferidas, dentro del sistema autonómico establecido democrática y constitucionalmente, están perfectamente articuladas y definidas para su obligado cumplimiento por ambas partes. No hay lugar para incumplimientos. Y si así sucediera, en los propios estatutos de cada autonomía, constan los mecanismos burocráticos que contemplan la rectificación de desvíos, incluso posibles sanciones aplicables en ambos sentidos.
Si profundizamos en la complejidad de competencias que inciden sobre una misma área –cuadruplicadas en muchos casos (Gobierno Central, Gobierno Autonómico, Cabildos, Ayuntamientos…)– comprobaremos la ineficiencia de una gestión burocratizada en exceso para inducir el fracaso en Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Cultura, Vivienda… y terminaríamos por cuestionar el criterio del actual Gobierno, en un país donde los recortes siguen martirizando a las parcelas más vulnerables e indefensas de una ciudadanía que está cargando en exclusiva con los efectos de un crisis inducida, de la que los culpables son otros.
Si como botón de muestra el INE nos ofrece la evidencia de una injustificable discriminación laboral, no debiera limitarse a un mero titular de prensa que en unos días pase a la hemeroteca, sino que las formaciones locales implicadas en este fracaso: empresarios, Pymes, partidos, banca, sindicatos, instituciones, representantes políticos, asociaciones… debieran ponerse a trabajar en consenso de equipo para aglutinar sinergias positivas, en lugar de barrer cada uno para lo suyo y evitar los actuales “así nos va” e “y tú más”.
A graves problemas, soluciones coherentes y buena fe, individual y colectiva.
Teresa Berástegui es concejal y portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de La Laguna.