Enrique Rosales (Cs) afirma que “es hora de que se recompense el esfuerzo fiscal que han hecho los chicharreros”

Ciudadanos (Cs) ha informado este lunes de que presentará en el próximo pleno municipal una moción para solicitar que “se reduzca el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 1,8% al 1,35% de la base imponible”, algo que sin duda, permitirá “potenciar la actividad económica en la capital tinerfeña y generar empleo”.

Al respecto, el portavoz municipal de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Rosales, ha explicado que “los presupuestos presentados durante el mandato por el equipo de gobierno (CC y PP) han supuesto un incremento del 7%”, lo que “demuestra que se está en una senda de crecimiento”, que contrasta “con la baja ejecución en materia de inversiones y transferencias de capital”, que “en 2017 solo llegó al 16%”. 

A ello, hay que sumar que en 2017 “Santa Cruz de Tenerife se situó por encima de la media de Canarias en recaudación tributaria por habitante”, ya que “cobró en torno a 83 euros más que la media de los municipios canarios”.

En este sentido, y ante “las altas cifras de recaudación de tributos unidas a la baja ejecución”, desde Ciudadanos se aboga por “incrementar los esfuerzos en materia de reducción de la presión fiscal”, ya que “la política de ahorro debe repercutir en el bolsillo de los ciudadanos”.

Por todos estos motivos, y porque “en el apartado de Impuestos indirectos, el único sobre el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene competencias normativas es el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)”, Ciudadanos ha reclamado que se “aplique una rebaja del 25% en este tipo impositivo, es decir, que pase del 1,8 al 1,35%”, ha indicado Rosales.

Asimismo, ha anunciado que preguntará en el próximo pleno por “los motivos por los que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incumplido la obligación legal de colaborar con la Audiencia de Cuentas”, y por “el plazo en el que tiene previsto rectificar y cumplir con su obligación de rendir cuentas”, ya que “este incumplimiento supone que el consistorio no disponga de un 2% de los fondos que el Gobierno de Canarias le transfiera”, al menos “hasta que cumpla con la petición de información requerida por la Audiencia de Cuentas”.