• El portavoz de Cs en el Parlamento regional considera que contar con un mecanismo de control permitiría ser más eficientes en el uso de los recursos, por lo que insta a seguir el ejemplo estatal y crear una normativa específica

 

El portavoz y diputado de Cs en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, demanda mayor transparencia en las políticas públicas llevadas a cabo en el Archipiélago y, por ello, considera que sería necesario implementar una normativa, al igual que se plantea a nivel estatal, para evaluar y analizar las medidas adoptadas por las administraciones públicas canarias.

En este sentido, Fernández de la Puente valora que el Estado haya dado un primer paso en este aspecto, con la aprobación, esta misma semana, del anteproyecto de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, pero insiste en la necesidad de que esta iniciativa se plantee también a nivel regional.

“Este tipo de normativas permiten a las instituciones ofrecer una mayor calidad en sus políticas y en el desempeño de sus funciones”, apunta el diputado. “De ahí que sea un mecanismo esencial de control, análisis y medición de las políticas públicas”, añade.

Este es el motivo por el que el portavoz de Cs en el Parlamento canario considera que no puede quedarse como una normativa de evaluación de políticas estatales, sino que debe trasladarse al ámbito canario para que los ciudadanos aumenten su confianza en la política regional.

Además, expone que es necesario implementar en el ámbito público una “cultura evaluadora”, gracias a la cual se pueda medir la idoneidad de determinadas acciones, lo que “no solo servirá como instrumento de mejora y transparencia, sino también para rendir cuentas sobre las medidas implementadas”, matiza.

El diputado también pone de relieve la importancia de crear un mecanismo de estas características que permita controlar la efectividad de las políticas empleadas en ámbitos esenciales de la sociedad, como el crecimiento económico, la transición energética, la dependencia o la igualdad de género, por ejemplo. “No cabe duda de que contar con un órgano de control es esencial para determinar qué políticas funcionan y cuáles necesitan de un cambio para lograr una mayor efectividad”, declara.

Además, apunta el diputado, la norma estatal que previsiblemente se aprobará por la vía de urgencia, cuenta con otro aspecto positivo, ya que no solo se evaluarán las políticas puestas en marcha, sino también se determinará su viabilidad antes de ser aprobadas, lo que, sin duda, “permitirá ahorrar recursos y ser más eficiencia en la planificación y desarrollo de las mismas”.

Por todo ello, considera que Canarias debe seguir el ejemplo estatal y crear mecanismos de evaluación de las políticas públicas que redunden en un uso  más eficiente de los recursos.