- La portavoz de Ciudadanos considera “vergonzoso que sea preciso pagar intereses de demora por la desidia y los contratos en nulidad que están poniendo en riesgo a nuestras pymes”
Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha reclamado al tripartito que tome medidas para agilizar el pago a proveedores. “Hemos propuesto en diversas ocasiones y lo repetimos una vez más que es necesario que se revisen cada tres meses las facturas pendientes y se realice un informe de intervención para proceder a los pagos dentro de los plazos legales”.
De esta forma, Cáceres espera que “estas facturas no sigan dando vueltas por los cajones del Ayuntamiento y amontonándose sin contabilizarse. Es vergonzoso que Las Palmas de Gran Canaria sea el Consistorio que pague a sus proveedores más tarde de toda Canarias, sino que, además, se sitúe como el tercero más moroso de todo el territorio nacional con una media de 408 días cuando la legislación marca 30. Llevamos denunciando esta situación durante mucho tiempo sin que se tome ninguna medida al respecto”.
La responsable municipal de la formación naranja alerta de que “esta situación es insostenible, me parece una vergüenza que sea preciso pagar intereses de demora por la absoluta dejadez y desidia del grupo de gobierno, que ya no lo decimos ni nosotros sino los juzgados, además de por la gran cantidad de contratos en nulidad que les cuesta justificar los pagos y están poniendo en riesgo de quiebra a las pymes y autónomos que trabajan para el Ayuntamiento en un momento económico además especialmente delicado”.
De hecho, la concejala del grupo liberal advierte que “están consiguiendo que únicamente puedan trabajar con esta Corporación las grandes empresas que cuentan con un buen músculo financiero para soportar la demora en los pagos”.
Y resalta “el bochorno que supone que la empresa Imesapi haya tenido que acudir a los juzgados para que se le pague lo adeudado y pedir además dos sanciones coercitivas contra el alcalde Augusto Hidalgo por valor de 1.500 euros cada una y la advertencia del juzgado de posibles multas de entre 150 y 1.500 euros en general a las autoridades, funcionarios o agentes sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales. En este caso en concreto además será preciso desembolsar una importante cantidad, que puede acercarse al medio millón de euros, en concepto de demora, otros intereses y costas. No podemos dilapidar así el dinero de los contribuyentes ni crear estos precedentes lamentables”.
Todo ello sin tener en cuenta lo que puede devenir en los próximos meses ya que “el Ayuntamiento acumula una deuda a proveedores superior a 45 millones de euros que el grupo de gobierno ha sido incapaz de abonar”, ha concluido la líder municipal de Ciudadanos.