• Juan Antonio Molina asegura que “un aluvión de modificaciones menores provocaría una dispersión imposible de controlar” 

Juan Antonio Molina (Cs)

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha mostrado este jueves su “rechazo a la propuesta de Santiago Pérez de valorar posibles modificaciones menores del actual Plan General de Ordenación (PGO)”, a lo que ha añadido que “ya llevamos más de un año y medio de mandato y no ha tenido la valentía de iniciar la necesaria modificación en el ámbito de todo el municipio y en igualdad de condiciones”.

 

El portavoz municipal de Cs, Juan Antonio Molina, ha afirmado que “resulta curioso que uno de los principales dirigentes de la lucha política contra los gobiernos municipales anteriores en materia del PGO, no tome las riendas de un proceso de modificación íntegra del mismo”, al considerar que “realizar modificaciones menores muestra poca ambición pero, sobre todo, es un intento de una menor transparencia y capacidad de control por parte de la oposición y de los ciudadanos”.

 

“Esta forma de gestionar la modificación del Plan General provocará una dispersión de modificaciones, que no estarán en un único documento”, ya que “así se consigue ir realizando reformas en el PGO, sin que nadie se entere, mezclado entre mociones y un sinfín de actos administrativos, vinculando el futuro texto definitivo”, pasando por “un control mucho menor y, por si fuera poco, no pagar el coste intrínseco que supone la modificación de esta norma urbanística básica”, ha manifestado Molina.

 

En este sentido, ha declarado que “lo grave será la limitación de la seguridad jurídica y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos por falta de transparencia y publicidad de cada modificación”, y ha señalado que “lo realmente importante es saber si este gobierno municipal va a abordar la modificación del PGO en este mandato o si lo aplazará a gobiernos municipales futuros, que ya llegarán a mesa puesta tras estos parches que se pretenden realizar y que, además, sufrirán las críticas de quien gobierna”.

 

El concejal de la formación naranja ha afirmado que “según la nota de prensa del grupo de gobierno, la concejalía de Ordenación del Territorio valorará con los vecinos y vecinas posibles modificaciones, siempre que sean consensuadas”, algo que considera “una tremenda inseguridad jurídica”, ya que “no se especifica con quién serán consensuadas tales modificaciones, si será con el vecino beneficiado, con los afectados, con las asociaciones de vecinos o si sólo con aquellas plataformas a las que les dio esta información privilegiada en una reunión que mantuvo con tales colectivos”.

 

Por último, Juan Antonio Molina ha cuestionado “si habrá un listado público de las modificaciones en curso, si se escuchará a las asociaciones de los barrios y pueblos o si será sólo a las plataformas contra el anterior PGO”, y ha insistido en que “como a veces recuerda Santiago Pérez, los representantes del municipio son los concejales electos, que son los que tienen que tomar las decisiones” y, si bien este argumento a veces sirve para relativizar la representatividad de las asociaciones debidamente inscritas en el Registro por parte del concejal, “no parece esto coherente con dar esta primicia a las plataformas vecinales y no a los propios concejales o a las asociaciones que, en muchos casos, tienen cientos de asociados”.