• La portavoz de Cs afirma que “la Consejería ha tardado seis semanas en otorgar 6.000 ayudas” y duda que en 10 días pueda conceder las 32 mil restantes.

Vidina Espino durante la Comisión de Derechos Sociales

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha achacado este miércoles a las “chapuzas legislativas” de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, que las ayudas sociales lleguen siempre tarde a sus beneficiarios, y ha puesto como ejemplo el Ingreso Canario de Emergencia, que “no va a poder cumplir su función de urgencia por culpa de una norma mal hecha”.

Es más, según ha subrayado la parlamentaria de Cs, “la Consejería ha tardado seis semanas en otorgar 6.000 ayudas” y, por ello, ha manifestado tener “muy poca confianza” en que la titular de Derechos Sociales pueda cumplir en 10 días, tal y como se comprometió en el último pleno, la concesión de las 32 mil ayudas restantes prometidas.

Espino ha aprovechado la comparecencia de Santana en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para señalar que compartía con la consejera “la necesidad de adoptar medidas que minimicen el impacto económico y social en las personas con menos recursos”, aunque ha advertido que discrepaba abiertamente de “las formas elegidas, pues no son las correctas”. Prueba de ello, ha dicho, es que “el Gobierno ha tenido que presentar un segundo decreto para, supuestamente, corregir los errores del primer decreto”.

La diputada de Cs ha apuntado que, entre los errores subsanados por este segundo decreto, “el más grave es que se había regulado la PCI de forma más restrictiva, justo lo contrario de lo que se pretendía”. No obstante, ha asegurado, “no se han resuelto otras cuestiones” que el Consejo Consultivo ha señalado en su informe, por estar mal planteadas y generar dudas e inseguridad jurídica.

Durante su intervención, Espino ha solicitado a la consejera que aclare por qué el decreto ley que recoge el Ingreso Canario de Emergencia no deja claro “quiénes son sus beneficiarios, ni tampoco si es compatible con otras ayudas”. De igual forma, la parlamentaria de Cs ha pedido explicaciones de “por qué la norma no concreta el modo de computar el plazo para corregir las ayudas que no se han tramitado de forma correcta y qué sucede si el fallo es atribuible a la propia administración”.

A juicio de la portavoz de la formación naranja, “son precisamente estas deficiencias en el decreto, todas estas dudas sin resolver”, sobre todo en lo que se refiere a la definición clara de la prestación y sus beneficiarios, y a la compatibilidad con otras ayudas, “las que han motivado la lentitud en dar respuesta a las solicitudes presentadas”.