. El candidato de Ciudadanos defiende “la eliminación de organismos públicos y altos cargos innecesarios”, así como “la tolerancia cero con la corrupción política”

 

Tenerife, lunes 20 de mayo de 2019. El candidato de Ciudadanos (Cs) al Parlamento de Canarias por Tenerife, Ricardo Fernández de la Puente, ha manifestado su firme apuesta por la regeneración política, alentando la erradicación de actitudes de dudosa legitimidad, porque “es necesario proteger a quienes denuncian estas actividades y acabar con los privilegios y la impunidad de quienes se saltan las leyes”.

Por ello, el candidato de la formación naranja ha anunciado que quien “haya sido imputado formalmente por delitos relacionados con la corrupción no podrá ser nombrado para un cargo político, y en caso de que ya lo estuviese ejerciendo, cesará mientras no se resuelva su situación judicial”.

“Los dedazos en las empresas y fundaciones públicas, enchufes y amiguetes de los políticos en la administración tienen los días contados”, ha afirmado el candidato. Una situación que se resuelve, en su opinión, reduciendo el número de altos cargos y llevando a cabo un concurso público basado en el mérito y la capacidad.

Asimismo, ha considerado que “es el momento de terminar con la colonización de determinados puestos de trabajo”, disminuyendo al mínimo la contratación de personal eventual, y que su partido “será el único capaz de lograrlo con éxito”.

Fernández de la Puente ha dedicado también unas palabras a lo que define como “chiringuitos”, refiriéndose a aquellas empresas, fundaciones y consorcios públicos que “no tienen un propósito o funciones bien definidas”. Al respecto, ha añadido que “Ciudadanos aprobará una auditoría que permita determinar el cierre de todas ellas y fusionar las que realicen funciones duplicadas”.

El candidato de Ciudadanos ha rechazado “la imagen que ha dado Canarias en los últimos años, no solo a España sino al resto de Europa”. Por ello, y con el objetivo de “mejorar la reputación del archipiélago”, se ha comprometido con estas y otras medidas concretas, porque considera inadmisible que “la prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación u otros delitos de este tipo arraiguen en Canarias”.

“Actitudes ilícitas deben ser perseguidas con contundencia”, ha concluido Fernández de la Puente.