Enrique Rosales (Cs) asegura que “la anulación del Plan General es un nuevo varapalo que retrata la deficiente gestión en materia urbanística de CC, PP y PSOE”
El grupo municipal Ciudadanos ha exigido este miércoles al edil de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), que informe sobre “las actuaciones que tiene prevista la Gerencia de Urbanismo sobre los planes parciales y especiales que se verán afectados por la ratificación de la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) por parte del Tribunal Supremo (TS)”. 
Asimismo, el portavoz municipal de Cs en el consistorio santacrucero, Enrique Rosales, ha preguntado también por la situación en la que quedará “el Plan Especial de Las Teresitas tras la citada anulación”.
Al respecto, Rosales ha explicado que “esta sentencia judicial ha supuesto un nuevo varapalo para la ciudad, y retrata la deficiente gestión en materia urbanística de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), y PSOE en estas últimas décadas”.
“Todos los indicios hacen prever que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias certificará en breve la anulación del PGO”, por lo que la capital tendría que “volver a la modificación de 2005”, lo que sin duda afectaría a “planes fundamentales para el desarrollo socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife”, como es el caso del Plan Especial de Las Teresitas, o los proyectos de urbanización de Los Partidos, Las Mesetas, y el Plan de Telecomunicaciones.
Por todos estos motivos, y porque, según ha anunciado el equipo de gobierno (CC y PP), “no habrá nuevo Plan General de Ordenación hasta dentro de tres o cuatro años”, Ciudadanos ha pedido también la comparecencia del concejal del área, Carlos Tarife (PP), para que exponga “las causas, actuaciones y el plazo previsto para subsanar las deficiencias detectadas en la sentencia”.
En este sentido, Rosales ha afirmado que “este tropiezo en materia urbanística ha costado bastante dinero a todos los chicharreros”, ya que “la anulación del PGO, pendiente de TSJC, supone tirar a la basura cinco millones de euros”, a los que hay que sumar “otro millón destinado a la elaboración de un nuevo documento”.
A ello hay que sumar “la inseguridad jurídica que genera esta situación para los inversores”, lo que se traduce “en pérdidas de oportunidades, de generación de puestos de trabajo, y de desarrollo de la capital”.
Y todo, por “la mala gestión urbanística durante años y años tanto de CC, como del bipartidismo (PP y PSOE)”, ha concluido el portavoz municipal de Cs.