Se ha convertido ya en un habitual, por desgracia, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC y PP) se contradiga una y otra vez. Eso es algo, que no nos sorprende, pero que al grupo municipal Ciudadanos preocupa.

 

Un no parar de cambios de opinión acompañados de la incertidumbre que regalan los engaños parece ser una línea definida por nacionalistas y populares para llenar, a costa de los santacruceros, páginas y páginas de periódicos.

Enrique Rosales, concejal y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

 

El último, que no el menos alarmante, llega de la mano del responsable de la Sociedad de Desarrollo del citado ayuntamiento, Alfonso Cabello (CC), en sus declaraciones sobre la situación del alquiler vacacional en la capital.

 

El pasado año, concretamente en el mes de febrero, el mencionado concejal aseguró, a través de unas declaraciones realizadas a Diario de Avisos, que veía en el alquiler vacacional un modelo de negocio para Santa Cruz de Tenerife, e incluso, aseguró que desde el consistorio se ofrecía apoyo municipal para su expansión. Además, confesó que Coalición Canaria y Partido Popular confiaban en que el dinero dotado a la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) podía usarse con la finalidad de invertir en este tipo de alojamiento. ¿Cómo creen que reaccionaria un inversor medio a estas declaraciones? Pero ahí no quedó la cosa, la sorpresa llegó justo un año después.

 

Lo que en un principio se declaró como elemento para el impulso de la economía del municipio chicharrero, se podría convertir en un posible problema para la ciudad. Este cambio de parecer, del cual desconocemos su motivo y finalidad, se traduce como otro “deprisa y corriendo” de la gestión de los gobernantes del consistorio capitalino.

 

Las decisiones contradictorias que el equipo de gobierno de la corporación municipal oferta como “lo mejor” para la ciudad, no son más que pruebas de que no saben a dónde van, ni qué modelo de ciudad quieren. Delatan la venta de irrealidad, la ausencia de transparencia, y la falta de responsabilidad ante el presente y futuro de la capital tinerfeña.

 

Trabajar al “corre, corre”, esa es la línea de quienes deciden sobre Santa Cruz de Tenerife. Porque antes de hacer la ordenanza que regule el alquiler vacacional en la ciudad, habría que preguntarse qué competencias tiene el consistorio sobre dicha materia, y en tal caso, la razón por la cual no se han realizado las pertinentes alegaciones sobre las modificaciones del decreto, para que este sea aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias.

 

Coalición Canaria y Partido Popular comienzan la casa por el tejado. Y pongo esta realidad de manifiesto porque las bases deben gozar de seguridad, tanto para el chicharrero como para los inversores, y no es el caso. Solo espero que empiecen a tenerlo en cuenta.

 

Adelantarse a regular el alquiler vacacional es una posible causa futura de incongruencias y contradicciones con respecto al decreto que la corporación autonómica apruebe posteriormente. De ser así, que pinta que sí, nos veremos ante un problema que perjudique al sector.

 

Para muestra un botón, y los últimos párrafos hablan por sí solos. La Sociedad de Desarrollo junto al área de Urbanismo formando una comisión reguladora del alquiler vacacional quedaría muy bien en los titulares si no existieran tantas contradicciones. Y además, la citada comisión debería, en tal caso, preocupase por elaborar informes y estudios sobre la situación del alquiler vacacional en el municipio como punto de partida.

 

Hay que hacer las cosas bien desde el principio, y si el equipo de gobierno de la ciudad capitalina cree que aplicar un control sobre el alquiler vacacional no conlleva que, inicialmente, se realicen los estudios pertinentes sobre el impacto económico en el municipio, van “cuesta abajo y sin frenos”.

 

Ciudadanos lucha porque la buena gestión favorezca a todos por igual, tanto al propietario de las viviendas, como al quiosquero de la esquina. Todos deben ver favorecido su crecimiento económico, y para ello, nacionalistas y populares deben fijar la vista en cada uno de ellos, actuar con empatía y rebanarse la cabeza si es necesario para elegir la opción que desemboque en un bien común.

 

Es fundamental que se busquen las condiciones económicas favorables para que el sector hotelero y las personas que decidan poner su vivienda a disposición del alquiler vacacional coexistan y desarrollen su actividad con la seguridad jurídica necesaria. Solo así se lograría que el turismo sea rentable para ambos sectores y, sobre todo, para el interés de la ciudad y de los chicharreros.

 

* Enrique Rosales es portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife