- El portavoz autonómico de Cs afirma que “hay que recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la política”, y eso “no se logra ocultando, ni negando, la corrupción”
“Es una broma de mal gusto que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), niegue que exista corrupción en las islas, en lugar de hacer un esfuerzo para combatirla”. Así lo ha manifestado este miércoles el portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Mariano Cejas, quien ha añadido además que “hacen falta medidas efectivas que contribuyan a acabar con esta lacra”.
Mariano Cejas (Cs) portavoz regional de Cs Canarias.
En este sentido, Cejas ha indicado que “es una vergüenza que Canarias sea la comunidad con mayor número de procesados por delitos de corrupción en España”, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, pero es “aún peor que el Gobierno regional no sólo no actúe para corregir la situación, sino que encima niegue esta evidencia”.
Al respecto, el portavoz autonómico de Cs ha recordado a Clavijo que “son ya varios los casos de corrupción política que se han dado en el Archipiélago”, y ha puesto como ejemplo “el ‘Caso Teresitas’ donde fue condenado el ex alcalde, Miguel Zerolo, que pertenecía a su formación; o el ‘Caso Unión’, que ha condenado a políticos del PIL como Dimas Martín”.
Por todos estos motivos, Ciudadanos ha vuelto a pedir al Gobierno de Canarias que “haga un esfuerzo y adopte medidas que permitan prevenir y combatir la corrupción en las islas”
Para ello, y porque “Ciudadanos tiene tolerancia cero a la corrupción“, Cejas ha pedido al Gobierno de Canarias, así como al resto de grupos políticos con representación en el Parlamento, que “busquen las medidas que Cs registró en la Cámara regional en septiembre de 2016, y las empiecen a aplicar para sacar la corrupción de las instituciones”.
Entre las acciones propuestas, Ciudadanos aboga por que “se eliminen los aforamientos, se separe inmediatamente a cualquier cargo que haya sido investigado formalmente hasta la resolución del procedimiento judicial, se proteja a los denunciantes, o se limite los mandatos a un máximo de ocho años”, ha concluido el portavoz autonómico.