• Los diputados de Cs, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez, recuerdan que “en islas como Lanzarote y Fuerteventura el 100% del agua de consumo y de regadío procede de este tipo de desalación”

 

Los diputados nacionales de Ciudadanos (Cs) por Canarias, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez, han registrado una pregunta en la Cámara Baja, para la cual han solicitado respuesta por escrito, en la que han pedido información al Gobierno de España sobre “el cumplimiento del acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados sobre la situación de las instalaciones de desalación en las Islas Canarias”.

Al respecto, Melisa Rodríguez ha recordado que la Propuesta No de Ley (PNL) de Ciudadanos, que fue aprobada en comisión, tenía por objetivo que “las instalaciones de autoconsumo vinculadas al ciclo de agua pudiesen quedar exentas de la aplicación de la nueva normativa en materia de autoconsumo energético, al menos hasta el próximo 31 de diciembre de 2019”, primero porque “se pusieron en servicio antes de que entrara en vigor la regulación que dificulta ahora su funcionamiento”, y segundo, porque “las circunstancias técnicas y geográficas de las islas hacen que el suministro energético y eléctrico sea una necesidad”.

 

En este sentido, la diputada nacional de Cs por Santa Cruz de Tenerife ha señalado que “se desconoce si se ha hecho algo para corregir esta situación”, y eso, que “se está hablando de un tema de vital importancia para el Archipiélago”, puesto que “gran parte del agua de consumo y riego en las islas proviene de este tipo de desalación”.

 

“El agua es un bien de primera necesidad”, ha indicado Rodríguez, quien ha añadido que “hablar del sistema de desalación en Canarias es hablar de las necesidades que tienen las islas, sobre todo las de la provincia oriental”.

 

En líneas similares, se ha manifestado el diputado de Cs por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, quien ha señalado que “en Lanzarote y Fuerteventura el 100% del agua, tanto la que se consume como la que se utiliza para el regadío, proviene de la desalación”.

 

“El 60% del cultivo de Gran Canaria depende del agua que proviene de las desaladoras que funcionan en régimen de autoconsumo”, ha añadido.

 

Por todos estos motivos, y porque “estas plantas de desalación se construyeron en un marco de legalidad y con la potencia que se les permitía”, los dos diputados de Cs han preguntado al Gobierno de España por “las actuaciones que se han llevado a cabo para cumplir con la PNL de Cs; por los motivos que les han llevado a no corregir la situación alegal de estas instalaciones, que además son pioneras a nivel nacional; y por si se plantean para reducir la factura de la luz y los costes del sistema energético habilitar este tipo de instalaciones”, puesto que “suponen un ahorro a efectos del mismo sistema, sobre todo, en el sistema canario”.