Artículo de opinión de Beatriz Correas

Ahora sí, ahora no. Me quiere, no me quiere. Esta es la política del concejal de Movilidad, D. José Eduardo Ramírez, con respecto al sector del taxi: Hoy promete una cosa y mañana la incumple. 

Beatriz Correas, concejal y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Esto es lo que llevan sufriendo más de 2.000 familias cuyos ingresos provienen del taxi, la indefensión más absoluta, la incertidumbre y el no saber lo que pasará mañana.

Cuando el tripartito firmó el acuerdo por la Ciudadanía, una de sus promesas fue crear la mesa del taxi, en donde se debatiera los problemas de este sector. Pero no lo cumplió, y comenzó a tomar decisiones en las que buena parte del sector no estaba de acuerdo, originándose así varios enfrentamientos entre ellos. Ya lo dije en otro artículo de opinión, da la sensación de que, desde el ámbito político, se pretende fomentar el enfrentamiento entre los taxistas, el  “divide y vencerás”, y las recientes actuaciones del concejal así lo confirman.

Desde Ciudadanos pusimos las cartas sobre la mesa. Exigimos al tripartito (PSOE, NC y LPGC Puede) que hiciera su trabajo y que hiciera cumplir la ordenanza municipal que regula el taxi. Presentamos además una moción, aprobada por unanimidad, para que se regulasen las licencias otorgadas, que se inspeccionase si estaban en regla, que, de una vez por todas, se cumpliera con la ley. Todo palabras bonitas del concejal, km. 0 para el taxi y comenzamos a trabajar. Incluso llegó a solicitar a los taxistas los documentos que acreditaran la vigencia de su licencia municipal.

Y este mes de octubre por fin los convoca para presentar el borrador de la mesa del taxi y comenzar a trabajar de manera conjunta. ¡Qué poco duró! Un mes escaso y ya estaba de nuevo con las contradicciones: hoy hablo con unos, mañana hablo con otros; y a aquellos que no han sido convocados, pero acuden a pedir explicaciones, les echa a patadas del ayuntamiento.

Y lo peor de todo es que no se reúnen con ellos para consensuar, lo hacen para imponer. Buscan la solución no acudiendo a la legalidad, sino comprándola, incluso poniendo en peligro al sector, ya que imponen soluciones a problemas creados por ellos mismos.

¿Qué es lo que pretenden? ¿Hundir a este sector? ¿Que la ciudadanía, ante una nueva subida de la tarifa, sin estar debidamente consensuada y explicada, comience a rechazar este servicio público? ¿Acabar con el taxi en beneficio de otros transportes públicos o privados?

Cuando nos han preguntado si estamos a favor o en contra de los días libres, nuestra respuesta siempre ha sido la misma: no podemos posicionarnos en una medida para reducir el número de taxis en el municipio sin, previamente, haber regulado el número de licencias.

Por ello, también nos gustaría que el equipo de gobierno nos aclarara que si se producen los días libres, no vendrán otras compañías de transporte a ocupar ese lugar. Queremos saber si habrá regulación, porque si el tripartito no hace su trabajo, no se puede pedir al resto que confíe en su gestión.

Hay que tener presente que el taxi no supone gasto al ayuntamiento. Es un servicio público que asume el 100% del coste de la actividad. Un colectivo que salió de la crisis por sí mismo y que está empezando a remontar. Que es una concesión administrativa que ha demostrado que es capaz de regularse, y que es a la única a la que le afecta si hay, o no, muchos taxis en nuestro municipio.

El ayuntamiento debe encargarse de lo que le compete: hacer que se cumpla la ordenanza municipal, trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, y que ningún vecino se sienta discriminado. Y, una vez que cumpla con sus funciones, deben ser los taxistas los que decidan sobre actuaciones en el sector que sólo les compete a ellos.

La discriminación hacia el sector del taxi crece con cada actuación del concejal de movilidad. La última la tenemos con el trazado de la metroguagua en la zona que va de Pío XII hasta  la calle Galicia. Los taxis no van a poder circular por ahí, los vecinos que necesiten transporte puerta a puerta también serán discriminados, porque no van a tener esa posibilidad. Incluso llego a preguntarme que pasará con todas aquellas personas que compran en el Mercado Central y necesitan un taxi para su traslado.

Sinceramente, ya no sé qué pensar. Ya son tantas las irregularidades que nos encontramos que no todo se puede achacar a una mala gestión. No se puede ser tan irresponsable con un sector que lucha día a día por la dignidad de su profesión y por sacar a sus familias adelante. Pasamos de las promesas de crear empleo a la gestión que lleva a destruir puestos de trabajo.

 

* Beatriz Correas es portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria