Artículo de opinión de Beatriz Correas

Vivimos en una democracia en la que tenemos libertad para escoger a nuestros dirigentes en elecciones democráticas en las que participamos el conjunto de los ciudadanos en pie de igualdad. Desgraciadamente, esto no es exactamente así en todos los aspectos de nuestra democracia y admite un exigible margen de mejora. La prueba más clara la tenemos en los sistemas electorales de las diferentes Comunidades Autónomas, los cuales marcan el futuro político de cada región.

En Canarias ya lo constatamos en cada legislatura, no vale lo mismo el voto de un canario de Tenerife o Gran Canaria, que el de uno de La Gomera o Fuerteventura. La triple paridad y las barreras electorales así nos lo indican y benefician a unos partidos políticos en detrimento de otros. El último caso lo tuvimos en las elecciones autonómicas, insulares, y municipales de 2015, en donde ASG con 5.090 votos obtuvo 3 parlamentarios, mientras que Ciudadanos con 54.375 votos se quedó sin representación autonómica. Por ello, es fundamental avanzar hacia un sistema electoral más proporcional, pero que a la vez reconozca la singularidad de cada una de las islas introduciendo criterios territoriales.

Las injusticias electorales pueden llevarnos a vivir situaciones como las que están sucediendo en Cataluña, en donde los partidos que gobiernan no son los más votados, pero han conseguido llevar a esta comunidad a un auténtico caos: aprobación de leyes ilegales, división entre los catalanes a favor o en contra de la independencia, tildando de antidemócratas a los que se oponen a los planes ilegales de Puigdemont y Junqueras y silenciando a la oposición democrática del Parlament, que representa a más catalanes que JxSí y la CUP.

Y ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que una mayoría en escaños puede actuar como una mayoría absolutista cuando aglutina menos votos en la calle que la oposición? Para contestar a estas preguntas deberíamos centrarnos, primero, en ver el número de votos que han conseguido los partidos pro independencia y en el número de votos de los que están a favor de la unión. Una vez visto los votos de cada bando, deberíamos comprobar cómo se traducen en parlamentarios. Y aquí comienzan las injusticias.

En Cataluña, al igual que sucede en otras Comunidades Autónomas y de forma más aberrante en Canarias, la representación en el parlamento autonómico no refleja de manera ajustada el sentir de los votantes. No valen lo mismo los votos en función de la provincia en la que residan los ciudadanos.

 

Provincia Votos/parlamentario Diputados actuales Diputados/población (deseable)
Barcelona 46.141 85 104
Gerona 28.844 17 11
Lérida 20.036 15 8
Tarragona 30.284 18 12

 

¿Cuál sería la composición del Parlamento catalán si se tuviera en cuenta la población de cada provincia? Quizás nos podríamos llevar una sorpresa, teniendo en cuenta que el número de votos obtenidos por los partidos pro independencia son inferiores a los que apuestan por la unión.

Es necesario, ya de forma urgente, una reforma electoral en España y también en Canarias, que tiene el sistema más injusto de nuestro país. Los cambios que podría haber en el Parlamento catalán con otra ley electoral son similares a los beneficios que podría tener para Canarias una ley electoral más justa y proporcional.

*Beatriz Correas es concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria