- Melisa Rodríguez (Cs) recuerda que “en las islas es más complicado y costoso el distribuir y comercializar el GLP envasado al tratarse de una Región Ultra Periférica (RUP)”
El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso ha registrado una pregunta en la Cámara Baja, para la que ha solicitado respuesta por escrito, con el objetivo de conocer “si el Gobierno de España piensa revisar el sistema de precios máximos del Gas Licuado del Petróleo (GLP) envasado en Canarias”, para “garantizar así el principio de suficiencia en la recuperación de los costes”.
Al respecto, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) y diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha explicado que “el Ministerio de Energía establece una regulación de precios máximos de venta del GLP envasado con una fórmula peninsular, sin tener en cuenta que Canarias es una Región Ultraperiférica (RUP), y por ello, es más complicado y costoso distribuir y comercializar este recurso”. 
Por tanto, ha indicado que “los costes son más elevados para la comercializadora en Canarias”, y ha señalado que “no ocurre igual en otras Regiones Ultra Periféricas (RUP), como las islas Azores, donde sí está regulado el precio máximo del GLP”.
Por todo ello, y porque la orden ministerial vigente, según la comercializadora en Canarias, “no garantiza el principio de suficiencia en la recuperación de costes, ni por concepto de materia prima, ni por los costes de comercialización”.
Es más, Rodríguez ha recordado que “esta forma de regulación ha generado una permanente judicialización de los precios”, y prueba de ello, es que “el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional resolvió a favor de la empresa comercializadora Disa y en contra del Gobierno de España”, a quien ha impuesto “la obligación de resarcir 9,3 millones de euros, más intereses desde 2012”.
Ante esta situación, la diputada de Cs ha preguntado al Gobierno de España si “ya ha abonado parte de la indemnización a la empresa comercializadora del gas en Canarias”, y le ha requerido información además sobre “las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para garantizar un suministro energético eficiente, sostenible y económico para Canarias”.