Artículo de opinión de David Crespo
John Stuart Mill ha pasado a la posteridad como el filósofo de la libertad. Cansado del asfixiante encorsetamiento moral de la Inglaterra victoriana, la sociedad que le vio crecer, Mill consagró su pensamiento a la idea de libertad, sus condicionantes, sus límites y sus implicaciones.
Llegó a la conclusión de que toda decisión de la voluntad ha de tener al menos una limitación, lo que Stuart Mill llamó el self-regarding o autorreferente. Un concepto que torpemente podría traducirse como no perjudicar o no causar perjuicio a los demás. Una digresión moral que ya venía implícita en la filosofía de Kant.
La pretensión de los políticos nacionalistas catalanes de hacer un referéndum de autodeterminación al margen de la legalidad española, y por supuesto al margen de la capacidad decisoria del resto de españoles, es un ejemplo perfecto de lo que Stuart Mill llamaría autorreferente. 
Para evitar esos autorreferentes o perjuicios, la Constitución Española dejó un número considerable de derechos y fundamentos fuera del alcance del voluble juego de las mayorías en una votación estrictamente coyuntural. Una Constitución garantista para salvaguardar y dejar fuera de la discusión y el voto derechos consolidados a través de la dinámica social y de la historia. Incluido, dicho sea de paso, el respeto a las instituciones y realidades culturales de las distintas regiones españolas.
Como una de las claves de la Constitución es la protección de las minorías y el ejercicio libre del autogobierno en el marco de un estado muy descentralizado, la intelectualidad orgánica del nacionalismo necesitaba un concepto que cumpliese dos objetivos. Uno, eludir el derecho a la autodeterminación, que sólo se contempla en situaciones de colonización y de opresión clara contra una minoría. Sostener que Barcelona es una colonia oprimida por España en plena UE es algo que ni el separatista más ardoroso se atrevería a sugerir. Y el segundo objetivo era crear un concepto bondadoso y aparentemente indiscutible para aglutinar a una gran masa social. Surgió así el concepto de derecho a decidir, que uno de sus acuñadores Agustí Colomines, definió como una simplonería para no decir derecho a la autodeterminación.
Pero por mucho que disfracen el muñeco, despojar a una inmensa mayoría de ciudadanos del derecho a vivir en su propio país sin necesidad de cruzar fronteras o no tener que usar un pasaporte para ver a sus familiares o a sus amigos, es algo lo suficientemente serio como para al menos pensarnos si ha de ser sometido al albur de una decisión unilateral. Excluir a un país entero de una decisión trascendental con la infinidad de rupturas y problemas que implica algo tan traumático como una secesión, es algo que cualquiera puede entender como moralmente discutible. El conjunto de la sociedad española y al menos la mitad de la catalana saldría fuertemente perjudicada de esta pirueta mortal.
No se trata de tener o no el derecho a decidir, sino lo que es más importante, qué es lo que se decide en la votación en cuestión, y a quién le corresponde el derecho de tomarla. Reducir la democracia al ejercicio del voto es una falacia que contraviene todas las reglas del sentido común y de los derechos fundamentales. Siguiendo esta absurda argumentación el conjunto de la ciudadanía española podría decidir, por ejemplo, acabar con las instituciones catalanas o una parte de los catalanes separarse a su vez de una Cataluña separada. Se podría votar instaurar la pena de muerte o sancionar la homosexualidad como delito. Se podría votar invadir un país o una comunidad vecina, y ya puestos conculcar derechos fundamentales sin otra fundamentación que la “legitimidad” coyuntural de una mayoría de votos.
No es de extrañar que el referéndum sea el instrumento preferido de los regímenes totalitarios (de todos), y su enemigo la democracia representativa, deliberativa y el consenso entre sectores e ideas opuestas. Lo que se busca en un referéndum, previa creación del clima social adecuado, es la polarización de la sociedad y la prevalencia de la emoción sobre la racionalidad y la argumentación. Una vez creado el clima, la fase final es el arrinconamiento del discrepante mediante los mecanismos de propaganda y la presión social precisa, sin excluir la violencia física en algunos casos.
Una democracia es mucho más que ir a depositar un papel en una urna; también el franquismo tenía sus votaciones y sus plebiscitos. Su fundamento se basa en el respeto a la ley que no es arbitraria sino legítima, y siempre fruto de consensos anteriores de un número suficiente de ciudadanos. Recordemos que la Constitución tuvo un apoyo del 91% en Cataluña.
Ver a Carme Forcadell alardear desafiante de demócrata, mientras trata de hurtarle a una inmensa mayoría de ciudadanos españoles su derecho a decir y a decidir y no ser decididos en un asunto tan radical y traumático como la desaparición de su país, no deja de ser una burla de dudoso gusto. Pero peor es ver como la izquierda española hace de tonto útil de aquellos que quieren dividir y levantar muros, de aquellos que defienden un proyecto egoísta, insolidario y falaz desde su fundamentación histórica hasta su concepción intelectual.
* David Crespo es vocal de la junta directiva de Ciudadanos (C´s) en Las Palmas de Gran Canaria